Dicha comisión, que fue propuesta por Unidos Podemos, ha recibido 336 votos favorables, ninguno en contra y 3 abstenciones. Su objetivo es dilucidar las posibles responsabilidades políticas tanto en la licitación y adjudicación del contrato en 2008 como en su resolución tras los movimientos sísmicos que provocaron la decisión de dejarlo en hibernación en 2014.

Los máximos responsables ministeriales en esos momentos fueron Miguel Sebastián, durante el segundo Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, y José Manuel Soria, en el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Este debate se ha producido pocos días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictase un auto en el que confirma el archivo de la querella interpuesta por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya contra cinco exministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el empresario Florentino Pérez.

La querella de ODG se dirigía en concreto, además de a Sebastián y Soria, contra Joan Clos, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa. Para los jueces, la construcción de las instalaciones de Castor “no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (ya desde el año 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí estimó parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la “hibernación” de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas ‘Castor’” y el pago de una compensación económica de 1.350,7 millones de euros.

Dicha resolución provocó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dirigido entonces por Álvaro Nadal, dejara de devolver el préstamo obtenido por el Gobierno para abonar dicha indemnización, que ya fue cobrada por la empresa.

De hecho, Banco Santander, CaixaBank y Bankia, las entidades que concedieron el préstamo, han formulado “reclamación de responsabilidad del Estado legislador”, solicitando la devolución de los 1.350 millones prestados para abonar la indemnización del almacén más los daños causados.

Para el Alto Tribunal, “no se dieron las razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto-ley ni en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de la misma a Enagás ni respecto de la concesión a esta última del derecho de cobro del sistema gasista”.

Por el contrario, avaló la constitucionalidad de los preceptos que regulan la “hibernación” de las instalaciones y la atribución de su administración a una nueva empresa.

Un grupo de expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard demostraron la vinculación entre los terremotos y la actividad del almacén, por lo que no se volverá a poner en marcha, aunque todavía no se sabe cuándo se va a proceder a su desmantelamiento, porque su situación es estable.

A este respecto, los expertos estadounidenses recomiendan, ante futuros proyectos de este tipo, incrementar la exigencia legal de los informes para que sean más efectivos, incorporando una perspectiva tridimensional que reúna estudios geológicos, sismológicos y de ingeniería.