En un comunicado emitido este martes, Fernández Marugán invitó a la Administración regional a “replantearse” cómo se está realizando la misma especialmente en relación a los menores extranjeros no acompañados con el fin de darles la atención que necesitan en tanto son derivados a recursos “más estables”.

Asimismo, denunció que la “sobreocupación” de dicho centro “es frecuente y constante, sin que se tengan previstos mecanismos adecuados y rápidos de respuesta en condiciones dignas”.

Para el Defensor del Pueblo, esta “saturación” de los recursos materiales y la falta de personal pueden estar “en la base de algunos conflictos que se producen y explican las demoras en la necesaria valoración individual previa”.

En este sentido, ya en junio la institución pidió a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid información sobre las medidas previstas para evitar la sobreocupación del centro, la proporción de menores de nacionalidad española y extranjera o el número de menores extranjeros que permanece más de un mes en el centro.

También se interesó por las limitaciones a las salidas y entradas en caso de conflictos, el acceso a la educación en esta fase así como el número de menores que acuden al Centro de Atención a las Adicciones de la zona mientras dura la primera acogida y la ratio de menores por educador.

Tras recordar que la fase de ingreso y valoración en este centro “no consigue sus objetivos y no protege bien los derechos de los menores ni resulta adecuada”, ya que su duración es “excesiva” y la escasez de recursos no permite dar una atención individualizada y específica, el Defensor del Pueblo apuntó que esta primera acogida debe atender las necesidades básicas, psicosociales y específicas de todos los menores con alojamiento adecuado y con atención individualizada y adaptada a su perfil, y debe ser ofrecida por profesionales competentes, que tengan la formación y cualificación necesarias.

En la misma línea, precisó que estos niños deberían pasar el menor tiempo posible en primera acogida y que la evaluación de las necesidades específicas de protección de cada uno durante este tiempo se debe realizar de manera personalizada, lo que incluye su derecho a ser escuchado en un tiempo “razonable”, que no debe demorarse durante varios meses.

En su opinión, el centro de primera acogida debe tener disponibles programas de atención y respuesta para el tiempo en el que se prolongue la evaluación y deben adaptarse a las características y perfiles de los menores atendidos con más frecuencia. Unos programas que, según el Defensor del Pueblo, deben incluir actividades educativas y de ocio que mantengan ocupados a los menores y contribuyan a evitar conflictos, abandonos del centro y lograr que inicien, en caso necesario, su rehabilitación por consumo de drogas.

El Defensor del Pueblo recordó que la Ley de Protección del Menor obliga a la administración autonómica a regular el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial con especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional del personal, proyecto educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones que aseguren sus derechos.