En este sentido, los dos exigieron una cláusula contra el rechazo del alumnado por razón de discapacidad en los centros educativos, durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado.

Martín, que dijo "sentir rubor ante el informe", recalcó que mantener un modelo de educación ordinaria "para los niños normales" y otro basado en centros "a los que dulcemente se llama de educación especial donde aparcar a los otros" supone "una clara discriminación".Sin embargo, en lugar de "escuchar las conclusiones de este informe, algunas autonomías siguen construyendo más centros de educación especial", criticó.

Según sus datos, en España "tenemos a casi un 20% del alumnado con discapacidad intelectual en educación segregada" y "muchos de los que están en la educación ordinaria se pasan más tiempo en el aula segregada que en la clase ordinaria con el resto de los compañeros".

Por eso, exigió "recursos suficientes" para los centros ordinarios; frenar la construcción de más centros especiales y reconvertir los que ya existen en centros de recursos y de asesoramiento; mejorar la formación del profesorado en discapacidad; eliminar barreras arquitectónicas, y prohibir que ningún alumno pueda ser rechazado en un centro ordinario por razón de discapacidad.

Martín aseguró "entender los miedos de las familias" a la hora de enviar a sus hijos a los centros ordinarios, pues en muchas ocasiones "saben que no reciben la atención que necesitan". "Educación inclusiva no es solo asegurar la presencia de estos alumnos en el centro escolar, sino procurar los apoyos necesarios para su promoción y progreso".

De ahí su petición de más recursos y la aclaración de que la propuesta del Cermi es que los centros especiales y el personal que en ellos trabaja se reconviertan en lugares de referencia para facilitar la inclusión.

ESCUCHAR AL ALUMNO

Con todo, señaló que "lo primero no es el derecho de las familias, sino el derecho del niño, y este debe ser escuchado" en lo referido a su escolarización. Por su parte, Pérez lamentó "la falta de reacción del Gobierno central y de las comunidades autónomas" ante la condena de la ONU, una cuestión que "debería avergonzarnos".

Durante su discurso, pidió también la conversión de los centros especiales en centros de recursos y reclamó "una cláusula contra el rechazo" del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios. "Igual que se educa para la inclusión, se educa para la exclusión", y eso es "lo que hacemos cuando separamos a los niños", razonó.

"Queremos que el futuro médico, abogado o profesional del seguro haya estudiado junto a un niño con discapacidad intelectual". A su juicio, es la mejor manera de promover "el respeto y el cariño" hacia este colectivo.