Tras el varapalo recibido la pasada semana, la magistrada se dirige al ministerio público para preguntar si va a aplicar el mismo criterio, favorable al archivo, al resto de investigados, entre los que están el director de Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Enrique Álvarez Conde, varias profesoras y alumnos del máster.

Rodríguez-Medel pregunta al fiscal si va a mantener la posición que defendió en los juzgados de Plaza de Castilla, donde se opuso al archivo, o si se atendrá a lo solicitado en el Supremo para Casado.

El malestar de la jueza ha quedado patente esta misma mañana, cuando se ha negado a esperar a la fiscal, que se retrasó por estar en un atasco, para proceder a tomar declaración a la número dos del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño.

A las nueve en punto de la mañana, la magistrada comenzó con la toma de declaración sin esperar la llegada de la fiscal, que no ha podido hacer preguntas a la investigada. Nuño negó ser la mano derecha de Conde y cualquier tipo de irregularidad en respuesta a preguntas de su abogado.

La Fiscalía presentó el pasado viernes un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicitaba el archivo de las actuaciones abiertas contra Pablo Casado a partir de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid.

El fiscal considera que los indicios en los que se basa dicha exposición razonada “no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento” y que no hay "indicios incontestables" de delito en relación con su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El ministerio público considera que abrir una causa penal en esta situación “sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados”.

La Fiscalía tampoco encuentra en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria, al menos en relación con el aforado, la existencia de un concierto previo de Enrique Álvarez Conde, director del instituto en el que cursó su máster, con lo que se denomina en la exposición razonada “un grupo de alumnos escogidos” para matricularse en el máster.

En relación con el cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, el fiscal considera que la pena señalada por este delito implicaría la ineludible prescripción del mismo, y sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa, y se admitiera la participación del aforado en régimen de cooperación necesaria, cuestión que se rechaza en el informe.

El escrito del fiscal recuerda los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos para justificar la apertura de un procedimiento penal en esta instancia, y, tras analizar la exposición razonada, concluye que carece del sustrato necesario como para que pueda ser tenida en cuenta por el Alto Tribunal.

Ahora, la jueza quiere saber si este va a ser el criterio del ministerio público en relación al resto de los investigados por la consecución presuntamente irregular del título de máster en ese instituto universitario.