En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete que preside Pedro Sánchez, la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, explicó que en ella se ha decidido iniciar el procedimiento para modificar el régimen de aforamientos que fija la Constitución y, para acelerar el proceso, se ha iniciado según la previsión del artículo 2.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado encomendándole la elaboración de propuesta de reforma constitucional, ya que el informe del órgano consultivo es “preceptivo” para una reforma de la Carta Magna.

En concreto, el Ejecutivo le ha pedido la modificación del artículo 71.3 y 102.1 para “reducir el alcance de los aforamientos políticos” y quede “sólo para el ejercicio de sus funciones”.

El pasado lunes, el presidente Pedro Sánchez aseguró que “el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos” y el miércoles, en los pasillos del Congreso, avanzó que “este viernes, en el Consejo de Ministros irá la reforma constitucional de los aforamientos”.

Habida cuenta de que esta expectativa se ha quedado en un acuerdo para solicitar al Consejo de Estado que elabore un informe sobre la cuestión -algunas fuentes socialistas hablaban incluso de que se aprobaría el anteproyecto- la portavoz aseguró que el Gobierno “no abdica en absoluto” de su intención de presentar una propuesta sino que han pedido ese expediente para que le “acote” y le dé el “tono jurídico” de la cuestión en un informe que será la “base” para “ahormar y acomodar de mejor manera el acuerdo en la Cámara”.

Celaá defendió que el “contenido político” que emana de esta acción es la “restricción” de los aforamientos, y que el informe se solicita para que haya una “técnica jurídica clara” que permita ese acuerdo.

Pese a circunscribir la intención de “reducir” el aforamiento sólo para el ejercicio estricto de las funciones del cargo, la ministra aseguró que desde el Gobierno “no renunciamos” a buscar la fórmula de desligar los delitos de corrupción del aforamiento. “Si consideramos que efectivamente los ministros deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo del mandato, y sí, obviamente hemos de sacar los delitos de corrupción. Esta es la voluntad política del Gobierno” remachó.

El Ejecutivo considera que el momento de esta reforma porque, “en genérico”, “todas “las fuerzas se han “pronunciado a favor” de reducir, por lo que sería “la ocasión ideal para el acuerdo entre todas”.

EL REY ES INVIOLABLE

Por otra parte, Celaá defendió la condición de inviolabilidad del Rey, cuestión que desde partidos como Podemos y PNV se pide que se modifique en esta reforma. “Es importante que el Rey mantenga su inviolabilidad” dijo la portavoz, antes de recordar que esta cuestión está “precisamente concebida” en la Constitución para que sea modificada por el “procedimiento agravado”, que supone la convocatoria de elecciones por lo que “no hay nada más que pueda añadirles”.

Insistió Celaá en que esta modificación se produciría por el procedimiento agravado y de ahí que sea descartado porque ahora abogan por una reforma “simple” que pueda ver la luz en “60 días” desde que inicie su trámite en el Congreso de los Diputados.