“Supone un paso histórico en el derecho de las personas con discapacidad a actuar jurídicamente en igualdad de condiciones que el resto, con los apoyos que necesiten para tomar sus propias decisiones”, subrayó en un comunicado.

La ONG indicó que con el anuncio de esta reforma el Gobierno "pretende cumplir el mandato de adaptar nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado español en 2008".

Si la reforma llega a buen puerto, supondrá pasar "de una visión paternalista –que opta por la sustitución o por representación de las personas con discapacidad intelectual en aspectos de su vida como elegir donde vivir o a quién dejar una herencia- a un enfoque centrado en el apoyo a la toma de decisiones de cada persona", concluyó.