En un comunicado, afirmó que “con este paso se da inicio a un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil española a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.

Aseguró que esta iniciativa legislativa “da cumplimiento al mandato del artículo 12 de dicha Convención, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona”.

En su opinión, “la reforma legal hoy iniciada supondrá un cambio radical en cómo el Derecho civil ha entendido la discapacidad y a las personas con discapacidad, al pasar del esquema paternalista y restrictivo de derechos (basado een la sustitución en la toma de decisiones) a la promoción de los apoyos”.

El Cermi, que ha participado activamente en la preparación de la propuesta a través de un diálogo constructivo con Justicia, consideró este anteproyecto “un buen material de partida”. Manifestó que espera “seguir perfeccionándolo con propuestas de mejora en la fase de consultas que se abren hoy y en la posterior tramitación parlamentaria”, en la que pedirá el apoyo de todos los grupos políticos.