En un comunicado, ATUC reclamó que, al menos, 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público. De esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por la movilidad sostenible para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, lo que serviría para disminuir los niveles de contaminación y luchar contra el cambio climático.

Según ATUC, el tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches.

A su juicio, el impuesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, es decir, el transporte urbano colectivo.

El sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubren con los ingresos por billete, mientras que la otra parte se sufraga con recursos públicos.

Por otra parte, la asociación calcula que el transporte público contaría con 300 millones más al año con una ley de financiación que ordenara los recursos que se le asignan. Esta cantidad equivale al 6% del coste del sistema de transporte y procedería de una mejor gestión de las inversiones y de los flujos de fondos que permiten el funcionamiento del sistema.

Además, ATUC destacó que “la ausencia de un marco legal es más acuciante cuando se constata que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público, lo que provoca que no haya una ordenación racional de recursos”.

Esto significa que no está establecido qué parte de los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la Administración estatal.

Otro de los problemas derivados de no disponer de una ley de financiación del transporte público es la imprevisibilidad, puesto que los ayuntamientos desconocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación.