Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes en 2017 y una impunidad estimada en más de 90%. Los principales protagonistas son hombres con edades comprendidas entre 15 y 44 años de edad en situación de pobreza.

En ese contexto, el Estado no sólo no termina con los índices de criminalidad, sino que usa la fuerza letal contra la población más vulnerable, según Amnistía Internacional, que ha documentado la práctica de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en operaciones del mantenimiento del orden.

Esta situación se da en el marco de una agudización de la emergencia humanitaria en el país, donde la escasez, el desabastecimiento y la violencia obligan a las personas a migrar a otros países de la región en números nunca antes vistos.

“El Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

'ESTO NO ES VIDA'

El informe de Amnistía Internacional, titulado ‘Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela’, señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas.

No en vano, Amnistía asegura que “el Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia”. “El resultado ha sido más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017”, sentencia.

El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios (tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad) fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.

En 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia de Venezuela, puesto que más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad. Amnistía Internacional calcula que entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia sólo en ese año, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro.

Para 2017, el Gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100.000 habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.

“PRÁCTICA EXITOSA”

Amnistía Internacional ha observado que, a pesar de la puesta en marcha de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado venezolano no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco de investigar, sancionar y reparar los derechos conculcados de las víctimas.

De hecho, apunta que las autoridades venezolanas más bien han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una “práctica exitosa”, cuando, según Amnistía Internacional, esto constituye “un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial”.

Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado de forma constante las serias violaciones a los derechos a la salud y a la alimentación; la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos; casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otras violaciones a derechos civiles y políticos.

Una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de América.

REDUCIR LOS HOMICIDIOS

La ONU cree que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014. España, que ha recibido 28.323 solicitudes de asilo de personas de nacionalidad venezolana desde ese año, se sitúa como el cuarto país del mundo con más peticiones, sólo por detrás de Perú, Estados Unidos y Brasil.

Guevara Rosas consideró “alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”.

“El Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional de derechos humanos”, indicó.

Amnistía Internacional llamó al Estado venezolano a poner en práctica un plan de seguridad que, además, garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y, en especial, la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano.

Además, instó a las autoridades a reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y a asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.