Esta cuestión deberá ser analizada tras la propuesta anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha planteado una reforma exprés de la Carta Magna para acabar por vía de urgencia con los aforamientos en apenas 60 días.

Los aforamientos en España están recogidos en la Constitución, así como en otras normas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la Carta Magna y en estas dos leyes se recoge que distintas autoridades, cargos públicos y funcionarios deben responder legalmente, dependiendo los casos, ante el Tribunal Supremo, los tribunales superiores o las audiencias provinciales.

232.000 AGENTES AFORADOS

El Supremo está reservado para el presidente y los demás miembros del Gobierno –artículo 102 de la Constitución-, algo que también sucede con los diputados y senadores, así como con los diputados autonómicos –artículo 71 de la norma fundamental-.

Al mismo tiempo, la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que los casos de jueces y fiscales sean tratados en los tribunales superiores. Esta norma recoge también la protección especial de cargos públicos no recogidos en la Constitución, como el Defensor del Pueblo, el presidente y los consejeros del Consejo de Estado, así como el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Además, el número más numeroso de aforamientos, unos 232.000, corresponde a los agentes de las Fuerzas de Seguridad estatales y autonómicas. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que los casos legales que afectan a estos funcionarios sean tratados por las audiencias provinciales.