Así lo denunciaron en un comunicado, en el que subrayaron que “es altamente injusto ofrecer un programa de retorno para que se incorporen a un sistema que no garantiza la estabilización ni a los que vienen del exilio académico ni a los que ya están aquí”. “Antes de promover planes de retorno para investigadores emigrados es extremadamente urgente llevar a cabo una reestructuración de la carrera investigadora en nuestro país”, solicitó la Federación.

Para ello, los investigadores proponen que haya garantías de una estabilización laboral en un período “razonable” y una financiación y una planificación “decente” que cubra todos aspectos necesarios para desarrollar proyectos competitivos a nivel internacional.

Según relata el comunicado, el personal investigador español que ha tenido que formarse durante diez años al máximo nivel (grado, máster y doctorado) “tiene que emplear otros diez años encadenando contratos temporales hasta que, con suerte, pueda optar a un contrato indefinido que le permita, por fin, alcanzar la estabilidad laboral”.

“Durante esos diez años habrá ocupado plazas en distintos centros de la geografía española, siempre con contratos precarios y con una conciliación familiar muy deficiente. En ese tiempo, además, habrá visto cómo disminuía considerablemente su poder adquisitivo”, agregó la Federación.