El ICAM informó de que su Junta de Gobierno acordó este jueves “por unanimidad y sin reservas denegar el amparo colegial” solicitado por Boye, “al no concurrir hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar su concesión”.

La entidad que representa a los abogados madrileños también que todavía está instruyendo la denuncia contra Boye presentada ante este colegio por el eurodiputado Enrique Calvet, elegido en las listas de UPyD y ahora en el grupo Alde. Este europarlamentario denunció a este defensor de Puigdemont por “falsear” la denuncia contra el juez Pablo Llarena presentada en Bélgica, en referencia a la errónea traducción de una frase atribuida a este magistrado.

Respecto al amparo solicitado por Boye, el ICAM rechaza que el abogado de Puigdemont hubiera pedido la recusación del presidente de esta entidad, José María Alonso, al haber difundido éste a comienzos de septiembre un comunicado en apoyo a Llarena.

“EXPOSICIÓN PÚBLICA”

El colegio de abogados madrileños añadió que una cosa es el ataque a Llarena por su trabajo como instructor y otro la queja de Boye de que los ataques de tuiteros están afectando a su trabajo de defensa en el sumario del ‘procés’.

El ICAM dice también a Boye que “las redes sociales suponen una exposición pública, y los mensajes emitidos y recibidos tienen una vocación de proyección general a terceros, sin perjuicio de los bloqueos ‘ad personam’ que el sistema permita”.

Para este colegio, esta “exposición pública” en las redes permite “la réplica, contra-réplica, cuando no el debate o la crítica, por mordaz o acerada, fundada o infundada que aquélla sea, pero que no acontece en un campo propio o natural del derecho de defensa”.