La Sala de Admisión del Tribunal Supremo, formada por cinco magistrados designados según el sistema de turnos establecido en enero pasado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha enviado un escrito a la Fiscalía que debe remitir el correspondiente informe sobre la idoneidad de investigar a un aforado.

La Sala de Admisión está presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Además, estará compuesta por el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, y por los magistrados Francisco Monterde y Miguel Colmenero, todos ellos situados en mayor o menor medida en el área conservadora. El único miembro progresista de la Sala será la magistrada Ana Ferrer.

El pasado 6 de agosto, la magistrada del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, trasladó al Supremo la causa al apreciar "indicios de responsabilidad penal" en una exposición motivada que el TS tiene pendiente de admitir a trámite.

El ministerio público tiene que informar al Supremo sobre la idoneidad de investigar el máster de Casado antes de que el tribunal se pronuncie. Previamente, acordó no presentar recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid de elevar la causa al Supremo por afectar a un aforado.

La Sala de Admisiones del Supremo entrará en el fondo de la cuestión durante el mes de septiembre y tomará la decisión sobre si finalmente Casado debe ser investigado por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa por recibir presuntamente la titulación de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos como regalo.

El Supremo debe designar un ponente que estudie la exposición razonada de la jueza de Madrid. La Sala de lo Penal del TS pidió informe a la Fiscalía sobe la idoneidad de aceptar la competencia para investigar a Casado y si ve indicios de delito en su actuación.

En caso de que la petición de la magistrada sea admitida a trámite, el Supremo designará un magistrado instructor para que practique las diligencias que considere oportunas para esclarecer si hubo delito; entre ellas, con toda probabilidad, se llamará a declarar a Casado, para lo que deberá pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados.

El presidente del PP podría evitar este trámite pidiendo declarar voluntariamente ante el TS. Esta es la vía que han preferido los imputados políticos por los ERE de Andalucía, el exministro socialista José Blanco o la senadora del PP Pilar Barreiro.