Con 317 votos a favor, ninguno en contra y solo cinco abstenciones, el texto acordado entre PSOE y PP mediante una transaccional en el Pleno del Congreso busca asegurar la igualdad de condiciones en el acceso a las prestaciones para aquellos dependientes que se trasladan de comunidad.

La iniciativa parte de una proposición no de ley presentada por la portavoz socialista de Asuntos Sociales, Elvira Ramón, cuyo objetivo declarado es el de “solucionar un problema concreto: la continuidad sin interrupciones en la prestación de los servicios de las personas dependientnes cuando se trasladan entre comunidades”.

Según sus estimaciones, al mes se tramitan 400 expedientes de traslado y, debido a "la falta de coordinación y a una laguna normativa muy importante”, estos dependientes “se ven discriminados respecto al resto”.

Ramón apuntó por último que su propuesta se hace eco de las recomendaciones de la defensora del Pueblo de 2015, que dio amparo a un dependiente que se mudó de Castilla-La Mancha a Madrid y que vio cómo esta última comunidad le negaba la continuidad de sus prestaciones.

POCO AMBICIOSA

Aunque se mostraron conformes con el sentido general de la propuesta, todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas al texto y la calificaron de “poco ambiciosa”.

La portavoz del Partido popular, Carmen Navarro, tildó la iniciativa de “positiva”, pero pidió crear un fondo de compensación interterritorial para “evitar que se creen rotos que luego tenga que venir un gobierno del PP a coser”.

A su juicio, el problema que plantea el PSOE, aunque importante, supone “un grano de arena” en el conjunto del sistema, pues no se llegan a los 400 traslados al mes.

El Gobierno “ha puesto las luces cortas”, consideró, porque “para hacer política de dependencia de verdad, hay que hablar de los Presupuestos Generales del Estado”.

"Se trata de una medida muy poco ambiciosa, porque al Ejecutivo le interesa más hablar de los presos terroristas o de desenterrar a los muertos”, recalcó Navarro.

Desde Ciudadanos exigieron que las valoraciones se puedan realizar en cualquier provincia o comunidad autónoma, para que los solicitantes acudan allí donde haya menos lista de espera,así como la emisión de una tarjeta única nacional común a todos los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

“Queremos que se cree un auténtico sistema nacional”, apuntó el diputado Diego Clemente, tras recriminar al Gobierno que estos son los temas que preocupan a la población, “y no andar desenterrando muertos”.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, María Isabel Salud, reclamó un plan urgente de 2.500 millones de euros para atender a las personas valoradas y reconocidas como dependientes pero que aún no reciben ninguna prestación; recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores; establecer un calendario para asegurar el incremento de financiación a las comunidades autónomas hasta alcanzar el 50-50 entre Estado y autonomías en el sostenimiento del SAAD; la inclusión de la perspectiva de género en el análisis del modelo, y aumentar el presupuesto en otros 2.500 millones para acabar con las listas de espera.

“Apoyamos la proposición, pero nos parece muy poco exigente teniendo en cuenta el estado actual del sistema”, concluyó Salud.