La recurrente considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y al juez imparcial. La providencia dictada por el Tribunal aprecia que el recurso “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal” y porque el recurso “puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna”.

El Tribunal requiere a la Sala Penal del Supremo para que en un plazo que no exceda de 10 días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes. Asimismo, se emplaza a quienes hubieran sido parte en el recurso de amparo para que, también en un plazo de 10 días, puedan comparecer.