Según comunicó el Gobierno regional este lunes, la Comunidad ha elaborado una nueva Orden Reguladora del procedimiento de legalización, que sustituye al existente desde el año 2001, con lo que pretende actualizar los mecanismos existentes que ayuden a agilizar los trámites necesarios que deben llevar a cabo tanto la Administración regional como los ciudadanos, precisándose los órganos competentes para firmar y visar los documentos.

La nueva normativa parte de la base de que, tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorporan la exigencia de utilizar la firma electrónica en la actuación administrativa.

Conforme a este marco la legal, se regula la legalización de documentos firmados tanto electrónica como manualmente, siendo necesario señalar en cada uno de estos supuestos, quiénes son los responsables de los distintos órganos administrativos a los que corresponde suscribirlos, con carácter previo a su envío a la Dirección General de Asuntos Europeos.

El uso de la firma electrónica, y la posibilidad de legalizar estas firmas, logra facilitar y simplificar este trámite a todos los ciudadanos madrileños, ahorrándoles tiempo en sus relaciones con la Administración regional.