El ministerio público destaca que “la escasa incidencia en términos absolutos de las figuras delictivas de odio” no puede ocultar “su progresivo aumento, facilitado por el uso de las redes sociales, y su particular gravedad desde la perspectiva del deterioro de los valores democráticos”.

En esta materia, dice la Memoria, hay dos tendencias: la primera se inclina por entender que todo comentario ofensivo o políticamente incorrecto constituye delito de odio, y la segunda considera que cualquier manifestación debe estar amparada por el principio de libertad de expresión y opinión.

La primera de estas corrientes ha provocado un incremento de denuncias por manifestaciones verbales provocativas pero que no inducen al odio. Como reacción a ésta, se defiende a libertad de expresión y se considera que “sólo puede ser castigada penalmente la provocación directa a cometer un delito contra terceros”.

A juicio de la Fiscalía, es necesario realizar una “adecuada ponderación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información o expresión –incluida la cultural, artística o humorística–, y el carácter delictivo de aquellas conductas que, por exceder abiertamente de los límites del ejercicio de esos derechos, implican una incitación a la comisión de hechos discriminatorios o de humillación a las víctimas o exaltación de sus autores, y que como tales deben ser consideradas como intolerables en un Estado Social y Democrático de Derecho”.

Para todo ello la Fiscalía General del Estado está trabajando en la elaboración de una circular que fije una posición unificada de los criterios jurídicos de actuación en esta materia.