En un comunicado, CSIF lamentó que los empleados públicos “siempre salen perjudicados de la inestabilidad política que provoca la actual aritmética parlamentaria” y que, a día de hoy, pese a que la subida salarial se aprobó en julio, la mayoría de los Ministerios deben a sus empleados públicos los atrasos generados desde principios de año e incluso a algunos no les ha dado tiempo a incorporar este incremento en su totalidad.

CSIF dirigió un escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet con estas reivindicaciones. El sindicato consideró “necesario” que el Gobierno tramite a través de un decreto la aplicación del acuerdo retributivo, que prevé una subida salarial del 2,25% a partir del 1 de enero de 2019 y pidió que se empiece a trabajar ya en la oferta de empleo público del próximo año.

Asimismo, reclamó la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado para que se negocien ya los fondos adicionales que contempla el acuerdo para mejorar las retribuciones en este ámbito. De lo contrario, advirtió de que no será posible alcanzar un acuerdo en el convenio único para el personal laboral que actualmente se está negociando. Por último, exigió la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado.