Según informó la Policía, los investigados ponían en práctica diferentes conductas para eludir los pagos, como crear sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora. También diseñaban entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según conviniera.

La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los agentes revisaron entonces cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.

La Policía ha constatado que los responsables de los ilícitos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

ENGAÑAR A LOS ACREEDORES

Los investigadores realizaron informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, lo que permitió aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.

Se detectó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga.

También transmitían la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización, la ocultación a los organismos competentes de la Administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos -robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.

VENTA POR UN EURO

De todos los expedientes revisados destacan dos por el ‘modus operandi’ realizado para cometer el presunto fraude. Los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social.

Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por ‘un euro’ a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar. Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.

En el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de la Administración.