Esta ampliación de la querella se dirige contra el letrado en su condición de abogado y firmante de la demanda contra Llarena formulada ante el tribunal belga, por haber cometido posibles delitos de falsedad documental y de estafa procesal y contra María Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, sin cuyo consentimiento expreso para la presentación de dicha traducción jurada no hubiera sido posible el uso jurídicamente inadmisible de la falsificación de la traducción de las palabras de Pablo Llarena.

VOX explica que todos ellos tenían conocimiento de que la traducción jurada presentada como prueba documental para justificar su demanda ante el tribunal belga era “manifiesta y palmariamente falsa”, al manipular las manifestaciones de Llarena para poner en duda su imparcialidad en la instrucción de la causa del `procés´.