El sindicato confía en que en la reunión entre Gobierno y comunidades “prime” la búsqueda de estas mejoras tras constatar una masificación de los centros que, en algunos casos, “han hasta cuadruplicado su ocupación, con todos los problemas de operatividad, inseguridad y conflictividad que sufren los trabajadores y los propios menores”.

La central sindical también admitió esperar “mejoras sustanciales” para el colectivo de trabajadores, entre las que citó un protocolo de salud y otro relacionado con las agresiones en el interior de estas instalaciones, además de una mayor implicación policías y Fiscalía contra las agresiones.

Junto a ello, demandó el reconocimiento de la condición de autoridad pública para el personal de estos centros, la modificación de la RPT y el procedimiento de movilidad por segunda actividad, así como que a los menores se les aplique un protocolo de salud a la llegada a su llegada, que se atiendan las necesidades educativas de casos especiales y que se implementen acciones específicas para la inclusión social del menor una vez cumplida la mayoría de edad.

Tras denunciar que en estos centros conviven jóvenes “de diversas características, de distintas culturas y con diferentes patologías”, Csif-A insistió, asimismo, en la idoneidad de derivar a centros de protección de drogodependientes a menores con adicción y problemas conductuales y de establecer mecanismos “para impedir la convivencia de agresor y agredido en el mismo centro”.