En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, apuntó que el coste para el “erario público a fondo perdido” será de unos 50.000 millones de euros.

Se trata, expuso, de alrededor del 5% del PIB, que comparado con el coste público de la crisis en otros países “a lo mejor no es muy grande”. En todo caso, reconoció que “cualquier apelación a los contribuyentes para una rescate del sistema financiero es una aberración”. En este sentido, recordó que con la nueva regulación lo que se pretende es tener “suficientes” fondos constituidos en los bancos para poder cubrir las necesidades.

Por otra parte, dijo, hay que tener en cuenta las aportaciones realizadas por las entidades financieras sanas para ayudar a las que tenían problemas, por una cuantía que asciende a 20.000 millones de euros.

Sobre las aportaciones concretas del Sabadell entre 2007 y 2017, señaló que rondan los 1.500 millones de euros. En concreto, 894 millones se aportaron al Fondo de Garantía de Depósitos, otros 141 millones al Fondo Único de Resolución, se destinaron 111 millones a tasas por los DTA (Activos Fiscales Diferidos) y unos 300 que ha saneado la entidad de su contribución al ‘banco malo’ Sareb.

Preguntado por si en otras circunstancias habría adquirido entidades como la CAM, dijo que puede que no hubieran “estado a tiro”. Guardiola subrayó que fueron compras “voluntarias” y que están “muy satisfechos”, pues aunque a corto plazo han generado impacto en morosidad y costes, tienen “potencial” a largo plazo.

Sobre de quién es la culpa de la crisis, dijo que “es algo muy repartido”, para agregar, en todo caso, que “las cajas se equivocaron más”, pues tenían una debilidad de gobierno corporativo y no contaban con el “soporte de los mercados”.

Guardiola reconoció, por otra parte, que todavía quedan “señales inequívocas” en la sociedad de una crisis financiera que, dijo, en España “se abordó como se pudo, con muchas políticas distintas”.