La resolución judicial deja establecido que hubo un comportamiento discriminatorio por parte de los responsables del establecimiento público que constituye un delito contra los derechos fundamentales de los ocho jóvenes con discapacidad que se vieron afectados.

Para el Cermi, las situaciones de discriminación contra las personas con discapacidad son todavía habituales, "por lo que hay que combatirlas con todos los medios del Estado de Derecho, incluida la tutela judicial a través de la jurisdicción penal".

Asimismo, el Cermi recomienda a toda persona con discapacidad que sufra un abuso o un trato desigual a que denuncie la situación, y que acuda para ello a las organizaciones representativas de la discapacidad, para recabar orientación y apoyo.

De este modo, "será más fácil erradicar los comportamientos discriminatorios que violan los derechos de las personas con discapacidad, un 10% de la población", aseguró el Comité.