La Fiscalía prepara su informe, que tiene previsto presentar en los próximos días. El ministerio público tiene que informar al Supremo sobre la idoneidad de investigar el máster de Casado antes de que el tribunal se pronuncie. Previamente, acordó no presentar recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid de elevar la causa al Supremo por afectar a un aforado.

La Sala de Admisiones del Supremo entrará en el fondo de la cuestión durante el mes de septiembre y tomará la decisión sobre si finalmente Casado debe ser investigado por los delitos de cohecho y prevaricación administrativa por recibir presuntamente la titulación de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos como regalo.

El Supremo debe designar un ponente que estudie la exposición razonada de la jueza de Madrid. La Sala de lo Penal del TS pidió informe a la Fiscalía sobe la idoneidad de aceptar la competencia para investigar a Casado y si ve indicios de delito en su actuación.

En caso de que la petición de la magistrada sea admitida a trámite, el Supremo designará un magistrado instructor para que practique las diligencias que considere oportunas para esclarecer si hubo delito; entre ellas, con toda probabilidad, se llamará a declarar a Casado, para lo que deberá pedir un suplicatario al Congreso de los Diputados.

El presidente del PP podría evitar este trámite pidiendo declarar voluntariamente ante el TS. Esta es la vía que han preferido los imputados políticos por los ERE de Andalucía, el exministro socialista José Blanco o la senadora del PP Pilar Barreiro.

“UN REGALO”

La jueza número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Méndel, remitió el pasado 7 de agosto al Alto Tribunal una exposición razonada en la que solicita que continúe la investigación sobre el máster que obtuvo Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos y que se le interrogue como imputado por haber obtenido su título “sin actividad académica alguna”.

Solicita también que se analice el portátil donde dijo que había hecho los trabajos que se le habrían exigido para aprobar y comprobar si ha habido alguna modificación con fecha posterior a marzo de 2018.

La jueza considera que hay indicios suficientes para sospechar que el presidente del PP obtuvo su titulación de postgrado "sin actividad académica alguna". Esos mismos delitos también se imputan a tres compañeras de promoción del máster que cursó Casado. Una de ellas reconoció en su declaración de la pasada semana que le regalaron el título de posgrado, porque no hizo absolutamente nada aquel año.

La exposición razonada consta de 64 páginas en las que se concluye que el director del curso, Enrique Álvarez Conde, “regaló” el título a un grupo concreto de alumnos “sin mérito académico alguno”.

A partir de la admisión a trámite, el Supremo nombrará un tribunal de causas especiales bajo la dirección del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y varios magistrados de la Sala Segunda, constituida en este período por Miguel Colmenero Menéndez, Francisco Monterde, Ana María Ferrer y Pablo Llarena.

LOS PROTAGONISTAS

Los principales investigados en esta causa son Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y sospechoso de crear la estructura para “regalar” estudios de posgrado a alumnos con “relevancia política”.

Según la jueza de Madrid, Álvarez conde se encargaba de “garantizar” a los alumnos escogidos que obtendrían el título tras la convalidación de decenas de asignaturas, sin asistir a clases, ni presentar trabajos, ni concurrir a exámenes.

Alicia López de los Mozos es una de las profesoras imputadas. Discípula de Álvarez Conde, ponía sobresaliente a los alumnos privilegiados, incluso sin conocerlos. Dijo no recordar nada en su declaración judicial. Dolores Cancio Álvarez era becaria de investigación en el Instituto de Derecho Público. Al amparo de Álvarez aprobó el doctorado a base de convalidaciones y sin hacer ningún trabajo y así se lo dijo a la jueza.

María Mateo Feito también fue una de las alumnas privilegiadas. Su madre trabajaba en la universidad y fue vocal asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Está imputada por ser "la persona de confianza de Cifuentes que promueve la falsificación del acta de defensa del trabajo de fin de máster".