Así se pone de manifiesto en los informes y documentación proporcionada por el Gobierno al diputado y portavoz de Defensa de IU, Miguel Ángel Bustamante, en los que se pone de manifiesto que los casos contabilizados suponen el triple de la media de acosos en los ejércitos y la Armada entre 2004 y 2015, un periodo en el que existen cifras generales pero no desagregadas por años.

El informe del Gobierno indica que “a partir de 2016, cuando se pueden facilitar datos de acoso desagregados en sus distintas modalidades”, se pasó de 20 denuncias en ese año, de las que 16 son del ámbito penal y cuatro del disciplinario, a 42 casos en 2017, de ellos 16 penales y 26 en el ámbito disciplinario.

IU recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy respondió el pasado mes de abril a otra iniciativa parlamentaria de IU “con cifras menos actualizadas”. En ese caso, señalaba que, según datos del Tribunal Militar Central, entre 2004 y 2015 en las Fuerzas Armadas se produjeron “174 denuncias relacionadas con acoso”. Esto supone una media de 14,5 casos por año, frente a los 20 mencionados en 2016 o los 42 casos denunciados en 2017.

Las cifras incluidas en el último informe entregado a IU son las más actuales puestas sobre la mesa desde que en 2015 entrara en vigor el nuevo protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

En el texto remitido a IU se puntualiza que “en relación con la información interesada, se señala que el acoso sexual, por razón de sexo y profesional no se recogía en la legislación militar como un delito o falta disciplinaria específicamente, sino que se encuadraban dentro de otros delitos o faltas disciplinarias genéricos como el abuso de autoridad o la extralimitación en el ejercicio del mando”.

Dicha situación, según el texto, cambió con la promulgación de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas-FAS, que entró en vigor el 5 de marzo de 2015, y la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que entró en vigor el 15 de enero de 2016, que recogen de forma específica los delitos y faltas disciplinarias muy graves de acoso en sus diferentes modalidades (sexual, por razón de sexo y profesional)’.

En cuanto a la situación concreta de los distintos procedimientos abiertos se especifica que, en 2016, de las 16 denuncias de ámbito penal hay siete procedimientos finalizados (uno sobreseído, uno archivado, tres remitidos a la autoridad disciplinaria y dos absueltos) y nueve están en trámite. De las cuatro denuncias en el ámbito disciplinario también de 2016 hay cuatro procedimientos finalizados (tres archivos y una sanción por falta grave).

Respecto a 2017, de las 16 denuncias penales hay un procedimiento finalizado (sobreseído) y 15 en trámite. De las 26 denuncias en el ámbito disciplinario en ese mismo año hay 11 procedimientos finalizados (nueve archivos y dos sanciones disciplinarias) y 15 están en trámite.

En el último informe facilitado ahora, el Gobierno detalla también que el 69% de las denuncias se presentan ante el jefe de unidad o autoridad disciplinaria y el 31% ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), especificando que entre los años 2016 y 2017 se tramitaron 17 denuncias a través de estas unidades.

“Además del notable aunque explicable crecimiento en las denuncias, a IU nos preocupa especialmente -con la salvedad de que la mayoría de procedimientos de 2016 y 2017 están sin concluir- el bajo porcentaje de ellos que acaba con una decisión condenatoria, tanto penal como disciplinaria”, denunció Bustamante.

IU denunció el pasado mes de mayo que de las ya mencionadas 174 denuncias relacionadas con acoso contabilizadas por el Tribunal Militar Central entre 2004 y 2015 sólo 22 “concluyeron con sentencia condenatoria”, un 13% del total.