Así se manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Educación en la Cámara Baja, a la que acudió por petición propia, para hablar de la situación de los trámites para derogar el Real Decreto Ley 14/2012, de racionalización del gasto educativo en el ámbito educativo, e impulsar una nueva ley que sustituya a la Lomce, dos de las promesas de las políticas educativas socialistas para modificar leyes educativas de los gobiernos de Mariano Rajoy.

La modificación de la Lomce contempla, precisamente, un cambio que puede afectar a la red concertada, red educativa a la que la ministra pidió, no obstante, que “asuma su compromiso social” y garantice la escolarización “sin exclusión social”.

También se refirió a la existencia de “empresas pantalla” en la red concertada, por lo que pidió a ese modelo complementario a la red pública “respetar las normas comunes” en cuestiones como el acceso de alumnos a sus centros y el abordaje de la formación de estudiantes con necesidades de apoyo. “Hay mucho camino por recorrer”, aseveró.

No obstante, la responsable de Educación llamó a la “tranquilidad” para las familias que tienen o desean tener a sus hijos escolarizados en la educación concertada. “Este gobierno va a garantizar el derecho de todos y de todas” a una educación que calificó como “equitativa, inclusiva y de excelencia”. “Las redes pública y privada de la enseñanaza han de trabajar objetivamente de manera coordinada para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo. Esto es clave e incuestionable”, aseveró.