La Fadsp afirmó este lunes que este real decreto ley “es una mejora sustancial de la situación actual y un avance muy positivo que obliga a apoyar su convalidación, ya que se rectifica una parte significativa del RDL 16/2012 aprobado por el PP sin criterios económicos que lo justificaran, con evidentes tintes xenófobos, y que ha producido numerosos perjuicios a personas vulnerables”.

Sin embargo, añadió que entiende "que el proyecto presenta varios problemas que obligan a exigir al Gobierno la corrección de determinadas carencias y ambigüedades, lo que puede y debe hacerse posteriormente”.

Entre estas carencias, la Fadsp destacó la vinculación del derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, “pese a que el acceso a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico”.

A esto agregó que esta normativa deja en manos de las comunidades autónomas la concreción de los requisitos para el acceso a la atención “favoreciendo así una posible discrecionalidad”.

Esta federación señaló que no se garantiza el acceso a la atención a quienes no acrediten la estancia de 90 días en España, lo que supone un riesgo en caso de necesitar asistencia, “especialmente para solicitantes de asilo o victimas de trata”.

Además, “no garantiza el derecho a los familiares que lleguen a España por un proceso de reagrupación”, concluyó.