“Es un derecho reconocido por la OIT, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo o por la ONU”, declaró el pasado viernes la promotora del sindicato de prostitutas, Concepción Borrell, en declaraciones a la prensa tras el anuncio del Gobierno de recurrir su constitución como sindicato.

Sin embargo, fuentes de la Organización Internacional del Trabajo -entidad de la ONU en materia laboral- explicaron a Servimedia que ni su organización ni, por tanto, Naciones Unidas tienen postura respecto a la regulación de la prostitución. “Ni se reconoce, ni no se reconoce; no tenemos posición por la situación que existe en cada Estado”, informó la OIT.

Desde Médicos del Mundo, el desmentido ha sido tajante. La ONG “se posiciona contra la regulación de la prostitución como trabajo” porque “las consecuencias del ejercicio de la prostitución para la salud mental son las mismas que sufren las personas sometidas a torturas”, sostuvieron en un comunicado.

Y es que, a su juicio, la prostitución es “una actividad que perjudica gravemente la salud y la calidad de vida, además de constituir una forma de violencia de género”, y consideran que su regulación “vulneraría los artículos 9 y 14 de la Constitución Española”.

La única organización citada por el sindicato de prostitutas que avala la regulación de la prostitución y defiende, por tanto, la sindicación de estas mujeres es Amnistía Internacional. Fuentes de esta ONG justificaron su postura aludiendo a que “todas las personas tienen derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables”.

“En el caso de las trabajadoras sexuales, cualquier impedimento a constituirse o afiliarse a sindicatos puede contribuir o suponer un mayor peligro de sufrir explotación a manos de terceros”, explicaron desde Amnistía Internacional.

NO ES LEGAL EN ESPAÑA

La Abogacía del Estado ya estudia la anulación del sindicato de prostitutas por orden del Gobierno de España, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de agosto publicara una resolución de la Dirección General de Trabajo reconociendo la constitución de esta organización.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ya dijo el pasado viernes que el Ejecutivo "no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo", ya que la prostitución no es legal en España.