En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, subrayó que el Gobierno "por un lado tiene la ley" y por otro tiene "una voluntad inequívoca" de dialogo con la Generalitat para "explorar todas las opciones" de solución politica a la actual situación, todo ello respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía.

Se mostró convencido de que el independentismo tiene que "hacer autocrítica" porque democracia "no es solo meter una papeleta en una urna" sino que hay que hacerlo "con garantías". En la consulta del 1 de octubre, dijo, participó un 43% de la sociedad catalana, según los datos de la Generalitat, pero en las elecciones del 21 de diciembre votó el 79% del censo. Por tanto, si hay un reflejo claro de la voluntad de la sociedad catalana son esas elecciones.

Sánchez subrayó que la sociedad catalana está "profundamente dividida" en dos bloques, y la única solución posible pasa por "trascender la dinámica de bloques", que es lo que está haciendo el Gobierno al materializar el diálogo con la Generalitat y buscando una solución política cuyo "hecho final tiene que ser una votación" pero sobre la autodeterminación ni la independencia sino sobre el fortalecimiento del autogobierno. Preguntado por si esa votación sería sobre un nuevo Estatuto, respondió con un "claro" tras precisar que ahora los catalanes tienen un Estatuto diferente al que votaron en referéndum.

Sánchez reconoció que ha intercambiado mensajes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con quien también ha hablado por telefono, por ejemplo sobre el acto de recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, el pasado 17 de agosto, algo que considera "lógico".

"MENOS GESTOS Y MÁS RESPONSABILIDAD"

En su opinión, la polémica sobre los lazos amarillos y las dos agresiones registradas demuestran que en Cataluña "hacen falta menos gestos y más responsabilidad", y para ello también es esencial que Torra abra un diálogo entre toda la sociedad catalana, y que lo haga desde el Parlamento, que no tiene sentido que esté "cerrado" este mes de septiembre.

Preguntado por si cree que esos lazos forman parte de la libertad de expresión, respondió que el Gobierno está "en contra de todos los símbolos que dividan, que separen". De todos, insistió, "no de unos sí y otros no", sobre todo en el caso de instituciones que deben representar al conjunto de la sociedad catalana.

El presidente reafirmó su intención de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona "entre octubre y noviembre", en todo caso antes de final de año, y precisó que la crisis "no se va a resolver" en los próximos meses ni años, ya que la solución debe llegar en el medio plazo. Pero, para ello, es necesario "reconstruir la confianza y la lealtad institucional" quebradas en los últimos años, y esas son las bases que está intentando asentar el Ejecutivo.

Lo que está en juego en Cataluña no es la independencia sino la convivencia, aseguró, y por ello es necesario abrir un diálogo con quienes no se sienten ahora representados por la Generalitat. La nueva etapa iniciada en el Gobierno de España "implica corresponsabilidad", insistió, es decir, que el Gobierno puede llegar "hasta donde puede en el ámbito del poder ejecutivo, que es mucho", pero hay otra parte que debe centrarse en "no repetir los errores" de hace un año.

Por su parte, dejó claro que el Gobierno "no se levantará" de la mesa de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y que por el momento no baraja aplicar el artículo 155 de la Constitución, un precepto que sirve para "reubicar a Cataluña en la Constitución y el Estatuto" cuando son vulnerados, algo que por ahora "no se ha producido más allá de la retórica inflamatoria". "En el momento que se produzca el Gobierno actuará", añadió.

Sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda interpuesta contra él por Carles Puigdemont en Bélgica, Sánchez aseguró que en el Gobierno "siempre tuvimos claro" que el Estado tenía que defender su soberanía jurisdiccional, que estaba siendo "puesta en cuestión" en esa demanda. El debate, precisó, era si eso se podía "diferenciar" de aspectos derivados de la "actividad privada" del magistrado. La conclusión, tras escuchar al Consejo General del Poder Judicial, es que no se podía disociar, y por ello se incluyó la defensa del juez en la defensa de la soberanía jurisdiccional del Estado.