La medida legal más relevante que adoptaron durante su reunión en Vitoria fue la adhesión de todas las organizaciones al recurso interpuesto por el SUP ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los responsables jurídicos expusieron la “gravedad” de la redacción del texto de la Ley vasca, ya que su ámbito de aplicación no se limita a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que afectaría también a jueces, fiscales, forenses y funcionarios de prisiones, cuya labor se hubiese desarrollado en el ámbito de la lucha antiterrorista desde la década de 1960.

También decidieron por unanimidad agotar todas las acciones legales que resulten procedentes, incluida la interposición de una querella por prevaricación administrativa, una vez se concluya el estudio de toda la documentación que se está recabando, si los servicios jurídicos representados lo estiman procedente.

Por último, anunciaron la puesta en marcha de una serie de movilizaciones para dar visibilidad a su trabajo en defensa de los intereses de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando el traslado a Europa de las “irregularidades” detectadas y de la “adulteración” del relato promovida desde el Gobierno vasco.