Así se pronunció el portavoz de JpD, Ignacio González Vega, en declaraciones a Servimedia, después de que el Ministerio de Justicia confirmase ayer que ha contratado por 544.982 euros, incluidos impuestos, al bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para defender en Bruselas al juez Llarena de la demanda civil que contra él han presentado el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

González no quiso valorar el volumen de la cuantía de la defensa del juez Llarena que recaerá sobre el erario público, aunque se mostró convencido de que el Gobierno habrá elegido aquella opción que ofrecía el “precio más razonable”.

Por otro lado, el portavoz de JpD defendió la necesidad de que el Gobierno español se persone en defensa de la “soberanía y de la integridad de la jurisdicción española” respecto a la demanda del juez Llarena.

La elección de los abogados que defenderán a Llarena se produce después de que la ministra Delgado asegurase este lunes, en una entrevista en Radio Nacional, que se defendería “hasta las últimas consecuencias” al magistrado instructor del sumario sobre el proceso independentista en Cataluña.

Previamente, este pasado domingo, Presidencia del Gobierno difundió un comunicado en el que se hablaba de que se habían iniciado los trámites para contratar a un abogado en territorio belga con el fin de defender a Llarena y a la jurisdicción española.