Las citadas organizaciones informaron en un comunicado de que hay "cinco principales obstáculos" a los que las familias de víctimas de desaparición forzada "continúan enfrentándose 80 años después de la Guerra Civil y pasados 40 desde la llegada de la democracia".

El primer obstáculo sería una "deficiente tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal", "incompatible" con la legislación internacional por, entre otros aspectos, "no reconocer expresamente" el carácter "continuado" de las desapariciones forzadas.

El segundo de estos obstáculos es la "ausencia de investigaciones y tendencia al archivo de casos", consolidada por la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo, que utiliza argumentos como la prescripción de los delitos, el fallecimiento de los presuntos responsables, negar el carácter permanente de las desapariciones y la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977.

El tercero es "la falta de cooperación judicial y obstaculización" al procedimiento abierto por la justicia argentina sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado.

La cuarta traba es la "falta de atención" a las reclamaciones de nulidad de las sentencias, dictadas en vulneración del derecho a un juicio justo por tribunales especiales, que, en opinión de estas organizaciones "no solo serviría de reparación simbólica, sino también para acabar con los efectos legales" de dichas sentencias.

Finalmente, el último obstáculo es la "privatización" de las exhumaciones, ya que el modelo actual de exhumaciones delega la responsabilidad en las víctimas y las asociaciones, lo que, a juicio de las citadas organizaciones pro derechos humanos "alimenta la indiferencia" de las instituciones estatales, y conlleva "dificultades metodológicas" de homologación y oficialización de la verdad.

Ahora, el plan diseñado conjuntamente por estas cuatro organizaciones, "siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas" plantea acabar con los citados obstáculos a través de cuatro orientaciones:

La primera de ellas pasa por un cambio de legislación, que sirva para tipificar la desaparición forzada de manera "acorde" con la legislación internacional, eliminar obstáculos a la investigación de este tipo de delitos, y crear una Comisión de la Verdad que sirva para investigar "en profundidad" y documentar estos abusos "graves" de derechos humanos. Esta propuesta de cambio de legislación supondría modificar el Código Penal, la Ley de Amnistía de 1977, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley de Memoria Histórica.

La segunda medida consiste en "investigar de oficio" todas las desapariciones forzadas de manera "exhaustiva e imparcial" y de acuerdo con las leyes internacionales, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas.

La tercera medida propone el paso "de lo privado a lo público", mediante la creación una entidad estatal encargada de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones.

Finalmente, la última medida sería "formar" a jueces, fiscales y funcionarios públicos en materia de derechos humanos, instrumentos internacionales sobre desaparición forzada, e "incorporar" en la formación materias relacionadas con la Guerra Civil y el franquismo.

Según las estimaciones de Amnistía Internacional, más de 114.000 personas víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco siguen en paradero desconocido.