En declaraciones a Servimedia, la secretaria del Sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, concretó que las autonomías tendrán esas dificultades mientras se tramita un cambio legislativo en el Parlamento que anule la racionalización del gasto educativo que impuso el Real Decreto Ley 14/2012 con Rajoy al frente de La Moncloa.

El sector, que calcula que durante los mandatos del PP en el Ejecutivo se han recortado unos 9.000 millones de euros en educación, critica el texto vigente que permite ampliar el número de alumnos por clase y que limita las sustituciones de profesores cuando causan baja.

UGT ve una “prioridad” derogar esta normativa y recuperar la inversión en Educación: “Nos parece dejar la recuperación de esos recortes a las posibilidades de las comunidades autónomas, ya que cuando se recorta se hace como normativa básica y nos gustaría que cuando se intentan recuperar derechos también se haga como normativa básica”.

PRESUPUESTO

El sindicato recordó al Gobierno que cumpla con su compromiso de aumentar la financiación de la educación. En una reciente reunión con la ministra de Educación, Isabel Celaá, representantes del sindicato pidieron al Ejecutivo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 tengan “una inversión mayor en educación”.

“No quisieron concretarnos sobre qué porcentaje se podrían mover”, aunque “al menos” debería comprometerse con el 5% del PIB “habida cuenta que el gran escollo del pacto educativo fue la financiación”, recalcó. El Grupo Socialista abandonó la pasada primavera, cuando aún estaba en la oposición, la subcomisión de Educación en el Parlamento porque el Gobierno de Rajoy no se comprometió a ese porcentaje.

La portavoz de Enseñanza de UGT también se refirió a otros anuncios que ha realizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia educativa, en los que en el Gobierno “tampoco han entrado en detalle”, como la modificación de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), también impulsada por el PP. “Entendemos que se estará fraguando alguna mayoría parlamentaria”, aventuró, y “aunque se pretenda que sea por decreto, los decretos los tienen que validar en el Congreso”.

En UGT también están “expectantes” por los anuncios de Celaá sobre la Formación Profesional, ya que la ministra aseguró que habría un diálogo con los agentes sociales y las empresas. “También queremos ver qué propuestas concretas hay”, recalcó.