Fuentes de la Comisión Permanente del CGPJ indicaron a Servimedia que el respaldo total del Gobierno a Llarena es lo que había pedido esta institución cuando el pasado 16 de agosto decidió dar amparo al magistrado.

La Comisión Permanente acordó respaldar a Llarena tras la petición de amparo realizada por éste, que la realizó en el marco de la demanda civil que contra él han presentado en Bélgica Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros.

En esta demanda, el expresidente de la Generalitat y sus exsubordinados cargan contra la instrucción de Llarena en sumario sobre el proceso independentista, al tiempo que incluyen unas declaraciones que el juez hizo en una conferencia, en las que negó que en España haya presos políticos.

“ATAQUE PLAFINICADO”

A este respecto, las fuentes del CGPJ consultadas indicaron que el asunto de las declaraciones privadas ya fue tratado en la reunión de la Comisión Permanente que dio amparo a Llarena, pero se desestimó al entenderse que la demanda de Puigdemont iba claramente contra la instrucción del proceso y el conjunto de la propia Justicia española en su conjunto.

Según informó el propio Consejo el 16 de agosto, el acuerdo de amparo a Llarena fue aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez votó en contra.

El órgano de gobierno de los jueces explicó que la demanda de Puigdemont contra Llarena era “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional”, por lo cual debía darse amparo al instructor del sumario sobre el proceso independentista en Cataluña.

La Comisión Permanente añadía en el comunicado oficial que “una simple y somera lectura de la demanda formulada y de la citación ponen de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia de Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”.