Así se pronunció en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado por la rectificación del Ejecutivo ante la demanda presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra este juez del Supremo.

En primera instancia, el Gobierno rechazó defender al juez del Tribunal Supremo por ser una demanda de carácter privado y ahora ha decidido contratar un bufete en ese país a tal efecto.

Casado recordó que él fue “muy crítico” cuando había un “desamparo absoluto” a un magistrado del Supremo ante la negativa del Gobierno a defenderle “por unas declaraciones que el señor Puigdemont utilizó de forma absolutamente capciosa para presentar una querella”.

La querella de Puigdemont, prosiguió el líder del PP, es “una afrenta a todo el Poder Judicial español”. Por ello, vio justificado que la Fiscalía del Estado estudie “hasta qué punto se puede querellar contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española”.

“El Gobierno está obligado a tutelar a los poderes del Estado ante una maniobra de un juzgado contra un magistrado que está soportando el peso de hacer justicia frente a aquellas personas que han podido cometer delitos tan graves como el de rebelión o sedición”, argumentó.

Además, recordó al Gobierno que también es una obligación rendir cuentas a la oposición parlamentaria. Por ello, los populares registraron hoy en el Congreso la petición de comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique esta “dejación de funciones”. Asimismo, promoverán una moción en el Senado para apoyar al juez Llarena.

Avanzó, asimismo, que se reunirá con las asociaciones de jueces y fiscales el próximo lunes, 3 de septembre, para plantear la posición del PP “frente a las agresiones del secesionismo”.