En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Calvo se respondió así cuando fue preguntada por lo que piensa hacer el Ejecutivo ante la situación personal y jurídica del juez Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por parte del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

“Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, que es el Poder Judicial”, aseveró Calvo, antes de incidir que al Poder Ejecutivo “no le corresponde esa función”.

"SOBERANÍA JURISDICCIONAL"

Explicó que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, puede “defender la soberanía jurisdiccional de España” en el caso de que la demanda a Llarena sea admitida. “Eso sí lo va hacer el Gobierno a través del Ministerio de Justicia”, enfatizó la ‘número dos’ de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Esto se traduce, señaló Calvo, en que el Gobierno tendría que indicarle a “cualquier otra Justicia o Estado que no se puede inmiscuir en procedimientos de nuestro propio espacio” que se tratan desde “el punto de vista de la jurisdicción de España”, como es la causa sobre el ‘procés’.

El Ministerio de Justicia ya anunció ayer que defenderá en Bélgica la instrucción del juez Llarena del llamado ‘procés’, pero que no le amparará respecto a las “expresiones o manifestaciones privadas” que Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros usan también como argumento jurídico contra el instructor de la causa en el Tribunal Supremo.