La operación se inició en el mes de febrero de 2017 cuando agentes de la Guardia Civil del Aeropuerto de Son Sant Joan de Illes Balears detectaron el envío de diversos ejemplares de tortugas de la especie coahuila. La mayoría de estos especímenes están amparados por el régimen de protección del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, donde se busca preservar la protección de las especies mediante el control de su comercio y al cual España esta adherida desde el año 1986.

Una vez inspeccionado el envío, los agentes pudieron comprobar como parte de los ejemplares presentados no se correspondían ni con los declarados en la partida ni con la documentación que los acompañaba, por lo que procedieron a su incautación.

Continuando con la operación, la Guardia Civil realizó diferentes pesquisas para dar con los responsables de este envío ya que los responsables no tenían nada a su nombre, lo que dificultó la investigación. Como resultado de ello, los agentes localizaron una finca rústica en el término municipal de Llucmajor (Mallorca), donde residían dos ciudadanos alemanes.

Una vez acreditada la actividad ilegal, los agentes practicaron un registro en la citada finca, pudiendo comprobar que el criadero era mucho mayor de lo esperado y que tenía como finalidad la cría “a nivel industrial” de diversas especies de tortugas, tanto de agua como de tierra. Asimismo, se procedió a la identificación de los animales, llevándose a cabo la incautación de más de 1100 ejemplares tanto adultos como crías, así como de más de 750 huevos, cifra que aumentará al haber más de 200 hembras en época de puesta.

El tráfico ilegal de estas especies afecta principalmente a las del sudeste asiático, de donde provenían las Tortugas de caja, consideradas en altísimo riesgo de extinción. También se incautaron algunas endémicas de Méjico, Estados Unidos y Canadá, y protegidas por la legislación de estos países. Además, había ejemplares de Tortuga mora catalogada como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Una vez detenidas las dos personas responsables del criadero y pasadas a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. Se ha podido constatar que estas dos personas mantenían una estrecha colaboración con el responsable de una tienda de fauna exótica en Barcelona, que les servía para “blanquear” los especímenes producidos en Mallorca.

Por tal motivo, la Guardia Civil se desplazó hasta Barcelona para proceder a la entrada y registro de la tienda investigada como del domicilio del titular de la misma. En el domicilio situado en una finca rústica de la provincia de Barcelona se hallaron diferentes piscinas y depósitos con especies protegidas en muy mal estado de mantenimiento. Entre los ejemplares incautados en esta operación se han encontrado 14 de las 50 especies más amenazadas del mundo.