En total, durante 1998 se registraron en España 739.220 accidentes en jornada de trabajo con baja laboral para el trabajador, lo que representó un incremento del 9,1% con respecto a los datos del año anterior.

Del total de estos sinestros, 727.479 fueron leves, 10.675 graves y los 1.066 restantes mortales. Los accidentes graves crecieron de manera importante respecto al año anterior, un 9,7%, y los mortales se redujeron muy ligeramente.

Cárcoba calificó de "ligera alegría" el pequeño descenso registrado en los accidentes mortales, pero denunció que los datos globales sobre accidentes muestran que sigue sin reducirse la siniestralidad laboral, pese a tener una normativa adecuada y todos los instrumentos jurídicos e institucionale necesarios.

Insistió en que los principales responsables de esta situación son quienes organizan el trabajo, es decir, los empresarios, que, a su juicio, "siguen incumpliendo de manera generalizada la normativa vigente y siguen pasándose por el forro de sus caprichos la nueva ley de salud laboral".

Cárcoba aseguró que más del 80% de los empresarios incumplen la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, especialmente todo lo relativo a sus obligaciones de evaluar, evitar y prevenir el rieso, vigilar la salud de los trabajadores e informar y formar a los trabajadores.

PRISION PARA LOS INCUMPLIDORES

Para Cárcoba, lo que hay que hacer es exigir y obligar a los empresarios a cumplir la normativa vigente a través de los mecanismos que la propia legislación establece, entre ellos la responsabilidad penal. A su juicio, "hasta el día en que los empresarios no vean el camino que les conduce a prisión por ocasionar la muerte a otros seres humanos, aquí no se va a resolver el problema de la sinestralidad".

El responsable de CCOO aclaró que el sindicato apuesta por la prevención como mejor vía para combatir la siniestralidad laboral, "pero en vista de que esto no funciona, al final tiene que funcionar el sistema sancionador".

Cárcoba denunció que el incumplimiento empresarial y el delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores no es perseguido por los poderes públicos -en concreto, por los inspectores de Trabajo, jueces, magistrados y fiscales- como se persigue, por ejemplo, l delito ecológico o el de tráfico.

Para Cárcoba, es lamentable que "se sigue viendo como algo normal el hecho de que los trabajadores tengan que perder la vida allí donde fueron a buscar un salario, y esto no puede ser". Para evitarlo, dijo que tiene que haber un cambio de cultura entre los trabajadores y empresarios, y sanciones "contundentes y ejemplificadoras" para las empresas incumplidoras.

Cárcoba destacó que España es el país europeo con mayor tasa de trabajadores fallecidos. Recordó los ltimos datos de la OIT, referidos al año 1994, que muestran que en España hay 10,20 muertos por cada 100.000 trabajadores empleados, cifra sólo superada por países como Estonia, Bulgaria, Croacia y Corea, entre otros, y superior a la del resto de países comunitarios.

Dentro de la Unión Europea (UE), sólo Luxemburgo se acerca a las cifras españolas, con 10 muertos por cada 100.000 trabajadores empleados, mientras que en el resto de países la tasa es de 7,4 muertos en Francia, 7 en Bélgica, 6,2 en Sueci, 6,1 en Austria, 5,8 en Portugal, 4,7 en Alemania, 4,5 en Italia, 4,4 en Grecia, 3,6 en Irlanda, 3,2 en Finlandia, 3,1 en Holanda, 2,9 en Dinamarca y 1,4 en Reino Unido.