Para esta organización, mayoritaria en la educación concretada, la Ley 27/2011 (sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social) y el Real Decreto Ley 5/2013 (de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo) establecieron nuevas condiciones sobre la jubilación parcial y el contrato de relevo, que empeoran “sustancialmente” las condiciones de acceso y requisitos que se aplicarán a partir del próximo 1 de enero.

Muñoyerro indicó en un comunicado que la jubilación parcial ha sido “especialmente eficaz y necesaria” en la educación concertada, la privada y la atención a personas con discapacidad, pero la aplicación del Real Decreto Ley 5/2012 va a hacer “prácticamente imposible esa modalidad” en ese sector a partir de 2019.

Por ello, la FSIE ha recogido más de 25.000 firmas con el fin de solicitar la prórroga legal de las condiciones actuales de acceso a la jubilación parcial hasta lograr “una normativa más acorde con los fines de esta modalidad de jubilación y con los derechos e intereses de los trabajadores”. “Confiamos que el anuncio del Gobierno permita aprobar esa nueva normativa antes del 1 de enero de 2019”, añadió.

Por último, Muñoyerro indicó que la FSIE ha solicitado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y al Ministerio de Educación y Formación Profesional que los docentes, el personal de administración y servicios y el personal complementario que trabaja en centros de enseñanza concertada, privada y atención a personas con discapacidad sea uno de los sectores a los que se les pueda aplicar la nueva normativa sobre el contrato de relevo.