A su juicio, esta agenda debe recoger “directrices claras respecto a las acciones que se han de llevar a cabo en la acogida y atención de los menores no acompañados, así como “un plan de trabajo realizado por expertos y una partida económica específica para su desarrollo, centrada en garantizar el derecho a la educación de calidad”.

“No menos importante es que dicha agenda integre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales con larga experiencia en la acogida y atención de estos menores y de aquellas que priorizan la educación vinculada a la protección internacional”, agregó en un comunicado.

Según el sindicato, “el hecho de que la llegada de algo más de 7.000 menores no acompañados a España suponga un problema para su acogida y atención significa la mala coordinación entre las diferentes administraciones públicas, la ausencia de una agenda de trabajo para estos jóvenes y la falta de inversión pública”, aspectos que “deben cambiar inmediatamente“.