Este real decreto es fruto de la Ley CORA aprobada en 2014, que estableció el cierre del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España y la creación de uno nuevo bajo la figura de entidad corporativa de base privada.

Para Manuel Ramos, presidente de la Comisión Gestora del Consejo de la Juventud, “una ley propia para el CJE y no un real decreto es lo único que garantiza la verdadera estabilidad e independencia que este ente requiere al cumplir un fin constitucional”, expuso en una nota.

A su juicio, la aprobación de este real decreto sí supone que el CJE deja de estar en funciones y puede fortalecerse y finalizar el proceso de normalización de su situación jurídica, iniciado hace más de cuatro años. Éste ha de culminar con la creación de una ley propia del CJE que asegure la correcta representación de la juventud española, agregó.