Entre otros puntos, estudiarán un plan para aumentar la plantilla de la Oficina de Refugio y Asilo (OAR), a fin de hacer frente a las 50.000 solicitudes de protección internacional que se prevén este año.

También analizarán un informe sobre la situación de los inmigrantes menores de edad no acompañados y tutelados por las administraciones, que han pasado de 4.000 en 2016 a 7.000 en marzo de 2018.

Dicho informe aboga por un “un esfuerzo coordinado” entre las diferentes administraciones para asegurar una mejor atención y no saturar los servicios de las regiones más afectadas, en especial País Vasco, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Además, debatirán sobre un plan de emergencia para atender el rápido incremento de las llegadas irregulares a las costas de Andalucía.

Varios ministros del Gobierno propusieron estos temas en la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, y ahora es el turno de su análisis por parte de las comunidades autónomas en el Consejo Sectorial de Política Migratoria.