El Gobierno le concede así una “autonomía máxima en la determinación de los miembros” y en su propio funcionamiento, planteando un posterior desarrollo reglamentario interno para “garantizar la transparencia y la proporcionalidad de la ley”, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En declaraciones a Servimedia, el presidente del Consejo de la Juventud, Manuel Ramos, aseguró que este decreto era “necesario” pero que debe tratarse de una “transición”, ya que su aspiración es que el CJE llegue a ser un “organismo público”.

Actualmente es una plataforma de entidades juveniles creada por ley en 1983, y formada por los Consejos de Juventud de las comunidades autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal.

En los últimos años había sido bastante crítico con la precariedad laboral de los jóvenes, sus dificultades en el acceso a la vivienda y su participación en el desarrollo político, social, económico y cultural.