Así lo anunció hoy en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras explicar que con esta norma el Ejecutivo "busca dar cumplimento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado hace un año".

Desde hace meses, colectivos feministas vienen denunciando el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho acuerdo, tanto en lo tocante a la dotación económica como en lo referente a las reformas legislativas que este implicaba. El texto aprobado hoy recoge las modificaciones legales "más urgentes", prosiguió Sánchez, como son la devolución de las competencias sociales a los ayuntamientos que posibiliten la prestación de los servicios de prevención del maltrato y atención a las víctmas de violencia de género.

Además, el decreto prevé una modificación del Código Civil para que los hijos de padres acusados de malos tratos puedan recibir atención psicológica sin la necesidad del consentimiento del maltratador.

En la actualidad, el Código Civil establece que es necesario el consentimiento de los dos progenitores, a pesar de que uno de ellos esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro o de los hijos o hijas menores de edad.

Según Sánchez, "en menos de dos meses hemos impulsado las reformas legales más urgentes y hemos realizado las modificaciones presupuestarias precisas" para que los 120 millones de euros que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género preveía para comunidades y ayuntamientos este año estuviesen disponibles.