Según informó Competencia, la trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública.

Las empresas sancionadas son Indra Sistemas, con 13,5 millones de euros; SAG (Software AG) España (seis millones); Atos Spain (cinco millones); Connectis ICT Services (1,8 millones); IBM (940.000 euros); Everis Spain (800.000 euros); Babel Sistemas de Información (633.917 euros); Cibernos Consulting (616.038 euros); Gesein (320.969 euros); Accenture y Accenture Outsourcing Services (300.000 euros) y Next Computer Services (46.760 euros).

Competencia indicó que los "instigadores" de esta trama fueron Indra y SAG. El 8 de marzo de 2015, la CNMC recibió una denuncia, fruto de la campaña contra el fraude en la licitación pública que lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las empresas implicadas, la CNMC consideró acreditada una infracción muy grave relativa a la constitución de un cártel.

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos conllevaban la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo.

Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otros.

Las conductas ilícitas realizadas afectaban a los procedimientos de contratación y se hacían mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados, la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores.

Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público, señaló la CNMC.

Competencia recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.