El objetivo, según explicó la vicepresidenta, es “fortalecer a los ayuntamientos, que en muchos casos son la primera línea de respuesta a la que acuden las mujeres que sufren violencia, haciendo especial hincapié en las políticas preventivas”.

El Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que permitirá que los ayuntamientos recuperen competencias en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas.

El decreto ley establecerá también los criterios de reparto que atenderán a dos variables: un 30% se destinará a los 375 municipios que cuentan con convenio del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen), y el 70% restante se repartirá bajo criterios poblacionales y por tamaño del municipio.

“A propuesta de la FEMP y con el apoyo unánime de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, la asignación financiera será finalista y se realizará de manera directa por las entidades locales”, concluyó Calvo.