En un comunicado, la organización califica de "positivo" que no se exija el empadronamiento como criterio de acreditación de residencia ni antigüedad de residencia para acceder a la atención sanitaria, pero le preocupa que las personas migrantes en situación irregular durante los tres primeros meses de estancia en España necesiten un informe favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas para acceder a los servicios sanitarios.

Amnistía Internacional ha venido solicitando que no se impusiera un mínimo tiempo de estancia para acceder a la tarjeta sanitaria que blindase la universalidad en el acceso a la atención sanitaria.

Asimismo, la ONG insta a las autoridades a que "de manera urgente" definan "con un alto grado de detalle" los criterios y el procedimiento que deberán seguir los servicios sociales para asegurar que las personas migrantes tengan acceso a la atención sanitaria, con el fin de evitar "una potencial arbitrariedad y discrecionalidad" en el acceso al derecho a la salud. También pide que las personas tengan acceso a urgencias, hasta el alta médica, sin necesidad de obtener el informe de los servicios sociales.

Por otro lado, Amnistía Internacional recuerda a las comunidades autónomas "sus obligaciones" en materia de derecho a la salud y pide que no pongan obstáculos a la hora de definir el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a los extranjeros para poder recibir la prestación asistencial.

La organización considera importante que no se creen barreras administrativas que puedan suponer obstáculos en el acceso al derecho a la salud de estas personas y, para evitar cualquier situación discriminatoria en el acceso, pide que la tarjeta sanitaria sea la misma para las personas extranjeras que para las personas españolas.

En última instancia, la ONG asegura que "más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos humanos" habían pedido la reforma del Real Decreto-Ley 16/2012, y habían solicitado "una evaluación exhaustiva" del impacto en materia de derechos humanos de esta norma, vigente en los últimos años.