En concreto, según explica Unesa en una nota de prensa, arroja un diferencial con respecto al bono español a 10 años de 400 puntos básicos, mientras que en otros países europeos se sitúa entre 500 y 550.

A este respecto, Unesa recuerda que la tasa que se fije para el próximo período regulatorio debe permitir afrontar el desafío de digitalizar y modernizar las redes de distribución para integrar nueva producción a partir de fuentes renovables, así como para facilitar la transición energética.

“Un proceso en el que las redes de distribución jugarán un papel clave para integrar distintos recursos distribuidos, como generadores a pequeña escala o puntos de recarga de vehículos eléctricos, y todo ello manteniendo los estándares de calidad del suministro”, añade.

Por ello, sostiene que el marco regulatorio y la rentabilidad adecuada de ambas actividades deben estar alineados, de manera que “no parece razonable fijar un diferencial con el bono español por debajo del que se aplica en los países de nuestro entorno”.

Asimismo, defiende que “la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones”, por lo que “sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones en un entorno cada vez más competitivo, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía”.

La CNMC, en el ámbito de sus funciones reguladoras, ha emitido borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad. Su propuesta podría suponer un recorte de unos 3.000 millones de euros.

Tal y como hacen la práctica totalidad de los reguladores europeos, la metodología de la CNMC para fijar la tasa de retribución se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en sus siglas en inglés), lo cual, para Unesa, supone un avance sustancial respecto a la ausencia de metodología de la tasa actual de retribución, fijada por el Gobierno en referencia al bono español a 10 años.

Este borrador se somete a audiencia pública con plazo hasta septiembre. En este sentido, desde Unesa se valora positivamente la oportunidad de participar en la elaboración de esta propuesta, en línea con las mejores prácticas regulatorias de otros países, en pro de la transparencia del proceso.