En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que el plan busca “recuperar derechos laborales perdidos” y que la salida de la crisis se produzca con una mejora de la calidad en el empleo.

El plan se compone de 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad y la regularización de los falsos autónomos, entre otras figuras.

La Inspección se reforzará con 833 nuevos efectivos, lo que supone un incremento de la plantilla del 25% en el curso de cinco años. Actualmente, este cuerpo cuenta con 1.876 personas.

La ministra indicó que las actuaciones de este plan supondrán la inyección de unos 30 millones de euros, repartidos en 15 millones en 2019 y otros 15 millones en 2020. Esto supondrá un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección. “Hablamos de inversión y no de gasto” y es una inversión “rentable económicamente”, defendió Valerio.

PLANES DE CHOQUE

Se incluyen dos planes de choque, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas.

Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienzan el 1 de agosto y finalizan el 31 de diciembre.

El plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los planes de choque en enero de 2019, y el Plan Director en su conjunto en julio de 2020.

“Queremos cantidad de empleo pero también calidad”, subrayó la ministra, quien destacó que este plan recoge las aportaciones de los interlocutores sociales y de las comunidades autónomas.

Valerio recordó que el año pasado afloraron cerca de dos millones de empleos irregulares con las actuaciones de la Inspección, y “si podemos intensificar esa acción, son muchos cientos de miles de puestos de trabajo que se pueden aflorar y que van a significar mejores condiciones laborales y mayor tesorería”.

“Aunque tengamos que retornar a la senda de gasto del anterior Gobierno, no es una inversión cuantiosa como para lo productivo” que resultará el plan, precisó la titular de Trabajo.