Ayer, el juez José de la Mata acordó asumir esta investigación por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de decenas de miles de afectados por toda España y la compleja estructura societaria y de financiación de la compañía.

Por estos motivos, la Audiencia Nacional consideró que "este tribunal es competente para investigar estos hechos", que pueden ser constitutivos de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

Ante esta decisión, el Consejo General de Dentistas, presidido por Óscar Castro Reino, se ha personado en las diligencias previas como parte acusadora, "al objeto de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra los denunciados, y pedimos que se nos dé vista de lo actuado hasta la fecha, así como la posibilidad de intervenir en todas las demás diligencias del procedimiento", indicó.